En una resolución que marca el primer desenlace definitivo para un caso que conmocionó a la comunidad de Paso de los Libres, la Justicia local homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia contra Luciano Garavano. El magistrado de Garantías, Gabriel Aldaz, avaló el pacto alcanzado por las partes, imponiendo al imputado una pena de tres años de ejecución condicional luego de que este aceptara formalmente su responsabilidad en los hechos.
El proceso penal se había desencadenado en octubre de 2025. En aquella oportunidad, una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer expuso la conducta de Garavano, quien fue registrado por los sistemas de videovigilancia de un local comercial de la zona céntrica mientras fotografiaba de manera clandestina, por debajo de la vestimenta, a una menor de edad. La rápida difusión de estas filmaciones en redes sociales había despertado una fuerte indignación en la ciudadanía.
Para viabilizar la vía del juicio abreviado, el sospechoso tuvo que confesar su autoría en el delito. Los cargos y la posterior condena se encuadraron bajo los lineamientos del Artículo 128 del Código Penal Argentino, el cual penaliza la producción y tenencia de representaciones y material de carácter sexual que involucren a menores.
A partir de la convalidación de este dictamen, Garavano dejó de estar bajo la tutela del servicio penitenciario o arresto restrictivo, aunque su libertad quedó supeditada al cumplimiento estricto de una serie de directrices judiciales. Entre las obligaciones impuestas se destacan:
La inhibición absoluta de aproximación hacia la víctima.
El sometimiento obligatorio a asistencia psicológica.
La continuidad de su abordaje terapéutico para el tratamiento de adicciones.
Diversas pautas complementarias de control y supervisión judicial.
La audiencia en la Oficina Judicial (OFIJU) contó con la intervención del fiscal a cargo de la Unidad de Investigaciones Concretas, Dr. Facundo Sotelo; el abogado patrocinante del condenado, Dr. Juan Carlos Vischi; y la Dra. Fiorella Cusinato, titular de la Asesoría de Menores, quien veló por los intereses de la víctima.
El expediente sumó alta complejidad desde sus inicios. El 13 de octubre de 2025, tras los primeros elementos probatorios recopilados, el fiscal Sotelo impulsó un allanamiento y dispuso la captura de Garavano, quien para ese momento ya había cruzado la frontera. En los operativos en su domicilio se incautaron soportes informáticos y una computadora portátil, elementos que siguen bajo peritaje técnico para determinar posibles derivaciones de la causa.
Tras activarse las alertas en Migraciones y el despliegue de las fuerzas de seguridad federales, el acusado retornó desde territorio brasileño el 22 de octubre de ese año, quedando inmediatamente detenido y siendo derivado en primera instancia a un centro de salud mental. Posteriormente, hacia el mes de diciembre, el juez de Garantías de aquel momento, Daniel Insaurralde, le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, situación que cesa hoy con la aplicación de la condena de ejecución en suspenso.

